Secuelas del coronavirus
La crisis generada por el Covid-19 y su manejo está teniendo altos costos para la salud y la economía de las familias mexicanas. En la última semana, los casos subieron 40%, al pasar de 35 mil a 49 mil, superando los 2,400 contagios nuevos diarios, es decir, tres nuevos casos cada dos minutos.
Además, la tasa de letalidad de 11% es la más elevada del continente y una de las más altas del mundo; desde el 11 de mayo, hubo 10 fallecimientos cada hora, sumando un total de 245. Y al día siguiente, el 12 de mayo, hubo más defunciones que todas las que han sucedido en Argentina o Chile.
Es altamente preocupante que mientras la Organización Mundial para la Salud recomienda la realización masiva de pruebas, el Gobierno Federal mantiene una reticencia inentendible a realizarlas. Entre otras razones, a ello se debe que el número de muertes que el virus ha ocasionado en nuestro país esté por encima del alcanzado, por ejemplo, en China, que tiene 11 veces más población que el nuestro; mientras que en Italia han perecido 41 trabajadores de la salud, en México se cuentan 111.
Esto denota la falta de equipo suficiente y adecuado, protocolos oportunamente difundidos y apoyo institucional para el personal del sector salud en el cumplimiento de su deber.
En el ámbito económico, durante abril se perdieron 500 mil empleos y se puede proyectar que para final de año sean tres millones de no haber una respuesta gubernamental adecuada.
Además, a diferencia de otros países, no se ha anunciado un paquete de estímulo s económicos efectivos para contrarrestar las consecuencias de la pandemia en las actividades productivas.
Esta situación exige que el Congreso, a través de la Comisión Permanente, reaccione, y ejerza con urgencia sus actividades parlamentarias para dar respuesta a la crisis y sus afectaciones para las familias mexicanas, sin distraerse en atender agendas que no reflejan la pluralidad, ni son prioritarias.
Ilustramos esta actitud con el caso de la sesión del Senado del 20 de abril pasado para la Ley de Amnistía, donde se argumentaron por la mayoría “razones humanitarias” para discutirla y votarla, sin atender otros temas como la adopción de medidas para atender los aspectos de salud y económico s que competen al Poder Legislativo. La mayoría actuó con parcialidad y sujeción al Gobierno Federal, se emitió un ordenamiento con cargo a la pandemia, cuyos propósitos podían lograrse con el ejercicio de atribuciones ejecutivas, además de que dicha ley continúa sin aplicarse.
Es clara la negativa a que el Congreso cumpla su función deliberativa, legislativa y de control de la gestión con el debate público. Sólo cuando la mayoría oficial es requerida por el Gobierno Federal, hay voluntad para sesionar.
Tenemos claro y hemos denunciado que las y los legisladores de Morena se han negado a convocar a la Comisión Permanente porque buscan silenciar el debate de los temas que demanda la sociedad. No podemos permitir que la mayoría oficial, bajo los más diversos pretextos, siga eludiendo el debate público de los asuntos de interés nacional con la pluralidad política del país.
Con pretextos, se niegan a reconocer que es contra la Constitución y sin fundamento legal la suspensión de las sesiones de la Comisión Permanente.
El Bloque de Contención privilegia el interés colectivo frente a la emergencia sanitaria y no actúa por consigna. Estamos ante una situación que exige seriedad, decisiones con base en la evidencia y la suma de esfuerzos.
Las y los legisladores de los Grupos Parlamentarios de Contención hemos sido consistentes: exigimos la reanudación de las sesiones presenciales para cumplir con el mandato constitucional que oblig a a la Comisión Permanente a desempeñar sus facultades de discusión pública de los asuntos nacional e s y control parlamentario, en consonancia con la correcta determinación del Consejo de Salubridad General sobre la naturaleza esencial de la actividad legislativa durante la pandemia, que pretenden ignorar.
Si bien estuvimos anuentes a la realización de sesiones a distancia, la Mesa Directiva no logró establecer las condiciones para que pudieran efectuarse en esa modalidad.
Por lo anterior, no podemos compartir la postura de que no hay condiciones para sesionar. Es contrario a la democracia representativa utilizar razones de salud no avaladas por el Consejo de Salubridad General o explicaciones de incapacidad técnica para conculcar la libertad de expresión, opinión y crítica de quien piensa distinto y frenar una actividad esencial que nunca en la historia de México había sido suspendida.
Ser congruentes significa estar a la altura de la responsabilidad que tenemos con las familias mexicanas que hoy enfrentan tanto la crisis sanitaria como la económica. A ellos nos debemos y por ello, hemos reiterado nuestro llamado a la adopción de las medidas necesarias de mediano y largo plazo que requiere la emergencia y sus consecuencias, incluido el llamado a un Acuerdo Nacional de los poderes y órganos de la Federación, de los tres órdenes de gobierno y de los sectores social, privado y público. Sesionemos, debatamos y construyamos, esa es nuestra obligación como legisladoras y legisladores.
Ciudad de México, 18 de mayo de 2020.