La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicitó a Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana un informe detallado de las cifras y datos con los que cuenta sobre las extorsiones que se realizan desde centros penitenciarios, así como las estrategias que se han implementado para combatir este delito.
Mediante un punto de acuerdo presentado al Pleno del Senado, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo también requirió se informe cuáles son los mecanismos de colaboración y coordinación con otras instituciones para combatir el delito de extorsión desde los centros penitenciarios y con cuales instrumentos se cuenta para informar y prevenir a la ciudadanía de este delito.
La legisladora por Zacatecas informó que la extorsión se ubica en segundo lugar de los delitos con mayor incidencia en México, sólo por debajo del robo de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE).
Ciudad de México, Jalisco, Estado de México y Veracruz, son las entidades donde existe mayor incidencia, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“En 2018, se cometieron 5.7 millones de delitos de extorsión, lo cual representa una tasa de 6 mil 542 extorsiones por cada 100 mil habitantes. No obstante, es el delito con mayor cifra negra en el país, ya que 97.9% de las extorsiones no son denunciadas”, mencionó.
De acuerdo con cifras del INEGI en 2018, el 91.6% de los casos la extorsión fue telefónica, la extorsión fue pagada en 7.1% de las ocasiones.
Un dato alarmante, subrayó la senadora es que especialistas y autoridades señalan que entre el 50% y 80% de las llamadas de extorsión salen de los penales, “tan sólo entre 2017 y 2018 de siete cárceles, dos federales y cinco estatales en diferentes regiones del país, se realizaron 3.7 millones de llamadas de extorsión”.
El Informe anual de resultados del Comité Especializado de Estudios e Investigaciones que permitan inhibir y Combatir la utilización de Equipos de Telecomunicaciones para la Comisión de Delitos o Actualización de Riesgos, período 2017-2018 del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) detalla que, en un lapso de tres semanas, se realizaron 2 mil 457 llamadas de un solo aparato celular.
Geovanna Bañuelos aseveró que estos datos evidencian la falta de coordinación entre diversas autoridades o instituciones.
“Lo cierto es que existe un problema urgente que debe atenderse para garantizar un entorno seguro para la ciudadanía”, enfatizó.
Por ello, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a cargo de Francisco Garduño Yáñez, junto con las Subsecretarias Penitenciarias, encargada de ordenar el sistema penitenciario, tienen la obligación de informar sobre los datos con los que cuenta, así como las acciones que lleva a cabo para prevenir este delito.
De igual manera, las Secretarias de Seguridad Pública o Secretarias de Gobierno de las entidades federativas encargadas de planear, dirigir, coordinar y controlar las acciones encaminadas a lograr la reintegración a la sociedad de las personas que han sido privadas de su libertad, tienen la obligación de informar y prevenir este ilícito.