Ingenua pretensión
La senadora Kenia López Rabadán demandó al Ejecutivo federal abrogar el decreto por el que ordena recortar el aguinaldo de este año a los servidores públicos que laboran dentro del aparato gubernamental.
“El aguinaldo es un derecho adquirido y una prestación que tienen todos los trabajadores del Estado, por lo que emitir un decreto en el cual se ordena recortarlo, es un agravio al ordenamiento jurídico mexicano y un insulto a las familias de los trabajadores”, expuso la legisladora panista.
El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que los servidores públicos tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna, y que se deberá pagar el 50 por ciento antes del 15 de diciembre y el otro 50 por ciento a más tardar el 15 de enero.
En ese sentido agregó que “es lamentable que el presidente de la República ordene un recorte en los aguinaldos de los trabajadores del Estado de hasta un 50 por ciento, so pretexto de la crisis económica que se vive por la pandemia, pero no suspenda sus obras obsoletas como la refinería de Dos Bocas”.
El 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto en el que López Obrador ordenó entregar únicamente la mitad de su aguinaldo a los servidores públicos, poniendo encima de la Constitución un simple decreto presidencial, cuestión que es inconstitucional, ilegal, desproporcional y fuera de todo sentido humano, indicó.
López Rabadán señaló que el Ejecutivo tampoco puede escudarse y decir que el cumplimiento del decreto es voluntario, ya que dicho carácter no se estableció en el mismo.
Igualmente, mencionó que los salarios son irrenunciables por mandato constitucional, lo que impide que los trabajadores renuncien a sus prestaciones.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República calificó de abusiva y desafortunada esta decisión del primer mandatario en una etapa tan difícil para la economía y la salud de las familias mexicanas derivado de la pandemia por el Covid-19.
“El argumento de que es por medidas de austeridad queda rebasado luego de la extinción de 109 fideicomisos para usar los recursos discrecionalmente en los caprichos de López Obrador”, acusó la legisladora.
Por ley cada trabajador tiene derecho a un aguinaldo de 40 días de salario y así debe ser, comentó.
“Es injusto que los trabajadores sean quienes tengan que pagar por las necedades de López Obrador. Antes se deben cancelar proyectos obsoletos que seguir dañando a la economía de los mexicanos”, dijo.
Es necesario que el presidente de la República reoriente el gasto y si de verdad quiere reactivar la economía en este “Buen Fin”, ordene se cumpla la ley y ninguna persona en la administración pública federal vea violentados sus derechos laborales. No a los moches a los aguinaldos, concluyó.