Preocupante escenario a la vista

Difícil escenario de fin de año se aproxima en México por los conflictos que se están tejiendo entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los empresarios de la industria farmacéutica, los líderes sociales que captan protestas de los jefes de familia desempleados y los gobernadores del norte del país que exigen cambios en el modelo de reparto fiscal, de acuerdo con lo que genera cada entidad federativa.

Como se sabe, el anuncio del presidente de que su gobierno ya no comprará medicamentos a los productores y distribuidores nacionales, desató tremenda preocupación de los directivos de este sector que representa un importante eslabón en la cadena de fuentes laborales.

La amenaza de López Obrador trasciende lo ideológico y confunde a los más rancios adoradores de la doctrina izquierdista que anteponen lo nacional a lo internacional, pero la palabra de su líder los obliga a tragarse las protestas que tienen ganas de externar, como ha sido a través de su historia.

A esto se suma el lacerante escenario que están viviendo miles de jefes de familia que perdieron su empleo en estos cuatro meses que van de crisis sanitaria, pobreza que acaba de documentar el Coneval y que para sorpresa de los seguidores del presidente, de esto ni una palabra de aliento real, no figurado, escuchan en sus mañaneras.

Y por si esto no fuera suficiente, cada vez son más los gobernadores priístas que silenciosamente se suman a sus colegas panistas que, todavía por la vía de la concordia, están convocando al presidente López Obrador a un diálogo nacional para construir conjuntamente un nuevo sistema de reparto fiscal para el presupuesto del año próximo.

Son tres escenarios que si se dejan crecer, la industria farmacéutica nacional se verá obligada a iniciar el despido paulatino de su planta laboral que ya rebasa los 50 mil jefes de familia, los que se sumarán al ejército de 69 millones de mexicanos que sufrieron la reducción salarial por efecto coronavirus y ahora no les alcanza para la canasta básica, problemática de pobreza que se está resintiendo en las 32 entidades federativas que conforman el país y de ahí que los gobernadores se declaren en quiebra al no tener dinero para atender las demandas de sus gobernados.     

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