Denuncian en el Congreso
La senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros solicitó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y al Servicio Postal Mexicano (Sepomex) un informe sobre las causas que ocasionan deficiencias en el servicio de correos en el país y que han originado denuncias por la demora en la entrega de la correspondencia y envíos.
La legisladora de Acción Nacional dijo que es necesario que, en un ejercicio transparente y democrático de rendición de cuentas, expongan las condiciones económicas, de recursos humanos y materiales, así como de estructura e infraestructura en que opera actualmente dicho organismo público descentralizado en el territorio nacional.
Asimismo, pidió que expliquen el destino y resultados de la aplicación de los recursos públicos asignados en los Presupuestos de Egresos de la Federación de los últimos dos ejercicios fiscales (2019-2020) para la modernización del servicio postal mexicano.
Saldaña Cisneros refirió que diversos medios de comunicación han dado cuenta que la correspondencia y envíos no están llegando a sus destinatarios, pues el Sepomex no se encuentra a la altura de sus funciones y responsabilidades jurídicas, no obstante que para 2020 recibió un presupuesto de 5 mil 420 millones de pesos.
Dijo que sus instalaciones, en lo general, están abandonadas, sin mantenimiento ni modernización. Además, en algunas partes del país -como en el municipio de Monterrey- se constató que parte del mal servicio que presta Sepomex se debe a la falta de personal suficiente y a la carencia de jerarquización o prioridad de la correspondencia.
Aunado a ello, la senadora puso como ejemplo que, según el líder del sindicato de los trabajadores de correos en Jalisco, sólo han recibido 208 mil pesos para el mantenimiento de las motocicletas en el Estado, lo que resulta insuficiente.
Inclusive, agregó, los carteros ponen de su salario para comprar llantas, cámaras, aceite, bujías, chicotes, cadenas y lo que haga falta para poder desempeñar sus labores diarias, como si ellos fueran responsables de las condiciones mínimas de la prestación del servicio público de correos.
Señaló que, en un contexto de profunda crisis sanitaria y económica por el Covid-19, el derecho al servicio postal universal pende de un hilo por la falta de voluntad del presidente de la República y de su secretario de Hacienda y Crédito Público para hacerlo realidad, así como por el pésimo manejo de las finanzas públicas del Gobierno Federal en esta materia y los recortes presupuestales.
Ello, advirtió, ha generado una evidente desatención a este servicio público, como sucede en el resto de la administración pública federal, “excepto en las obras faraónicas y los programas electoreros del titular del Ejecutivo federal”.
Recordó que el servicio postal es un servicio fundamental para el bienestar y la inclusión social, por lo que es indispensable lograr que se constituya en actor relevante de la nueva economía digital.
Es vital para el país mantener este medio de comunicación de manera sana, moderna, rentable para el Estado y segura para los usuarios, de manera adicional a los avances tecnológicos, los cuales siguen siendo privativos de una parte de la población que puede contratarlos y pagarlos, puntualizó.