La presidenta de la Comisión de Cambio Climático de la Cámara de Diputados, María García Pérez, afirmó que la biodiversidad de México se pierde por un modelo de desarrollo que propicia sobreexplotación y contaminación; también se agrava por la disminución del presupuesto, en más de un tercio, destinado a la política ambiental en este sexenio.
Por ello, el próximo gobierno federal tendrá diversos retos para conservar los recursos naturales, ya que son un patrimonio de las generaciones futuras que no debe ser dilapidado por nosotros, aseveró durante la mesa de diálogo “Retos y oportunidades para la conservación de las áreas naturales en México”.
Destacó la necesidad de diseñar un proyecto ambiental integral a nivel nacional, con perspectiva de largo plazo, para plantear objetivos municipales, estatales y federales, “y trabajar de la mano, porque sólo así se podrán obtener resultados”.
Propuso armonizar, en el Plan Nacional de Desarrollo, las actividades económicas, con el cuidado y recuperación de los ecosistemas, a través de políticas y programas bien diseñados, basados en el concepto del desarrollo sustentable.
Asimismo, impulsar proyectos productivos sustentables, con impactos mínimos adversos en la biodiversidad, que sean social y económicamente benéficos a los dueños de las tierras, para promover el manejo forestal comunitario, las unidades de vida silvestre y ecoturismo.
García Pérez señaló la importancia de fortalecer estímulos como el pago por servicios ambientales a quienes cuiden y mantengan en buen estado los ecosistemas naturales donde habitan.
Además, planteó desarrollar una Estrategia Nacional sobre Biodiversidad y Manejo Sustentable de Bosques, elaborada en consenso con la sociedad mexicana, para erradicar la deforestación.
Igualmente, crear el Observatorio Nacional de la Biodiversidad para involucrar a los sectores público, social y privado en la conservación y conocimiento de los bienes naturales y en la protección de la integridad de los recursos genéticos.
La legisladora por Querétaro recomendó fortalecer el marco jurídico de las Áreas Naturales Protegidas (ANP’s), para garantizar políticas públicas integrales y sustentables que fomenten la conservación, el cuidado de la biodiversidad y su aprovechamiento, de forma ordenada y equilibrada.
Respecto a ANP’s, la siguiente administración federal tendrá el reto de cumplir “las Metas de Aichí” (sobre la Diversidad Biológica, suscritas en Nagoya en 2011), las cuales establecen que al menos el 17 por ciento de las zonas terrestres y aguas continentales, y el 10 por ciento de las áreas marinas y costeras, deben estar en algún régimen de protección, ampliando la cantidad y recuperación de las superficies afectadas de las ya decretadas.
Para ello, apuntó, “será fundamental incrementar los recursos económicos, materiales y humanos especializados, que garanticen su cuidado y fortalezcan su manejo, así como promover una cultura de conservación entre todos los actores económicos y población en general”.
Explicó que México cuenta con 182 ANP’s terrestres y marinas, que suman más de 90 millones de hectáreas destinadas a la conservación de la biodiversidad, de las cuales más de 69 millones de hectáreas son marinas (22.5 por ciento), y 20.9 millones, terrestres (10.68 por ciento).
A las zonas terrestres se agregan cinco modalidades de conservación que totalizan 31 millones 248 mil 801 hectáreas, equivalente al 15.91 por ciento de la superficie continental e insular.
El diputado Carlos Alberto Palomeque Archila (PAN), integrante de la Comisión de Medio Ambiente,comentó que en el último tramo de esta Legislatura se ha caminado con diferentes organismos interesados en el cambio climático, y se pronunció por seguir impulsando este tipo de reuniones que favorecen a todos en la conservación del medio ambiente.
Refirió que en Chiapas existen zonas y áreas naturales protegidas muy importantes, como Montes Azules y Lagos de Montebello, en donde se ha tenido una sobreexplotación motivo por el cual se ha dificultado mantener la biodiversidad.
El Coordinador General de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Pedro Álvarez Icaza, expresó que sin la participación ciudadana no se fortalecerán las estrategias de las autoridades en favor del medio ambiente, “ya que no podemos poner soldados detrás de cada árbol; debemos crear las condiciones de gobernanza”.
Indicó que los ejidos y comunidades poco a poco han ido recuperando la política de conservación forestal. La mayoría de los bosques del mundo son comunitarios y gran parte de pequeños productores; de acuerdo a la FAO, el 80 por ciento de lo que se consume cada día depende de éstos últimos.
México, recordó, es una nación megadiversa, lo que obliga a conservar los aspectos productivos de su manejo. Es necesario, crear más instrumentos que complementen la perspectiva de manejo y preservación, como son los paisajes bioculturales.
Álvarez Icaza consideró fundamental aprovechar los recursos de manera integral y consistente, sobre todo cuando de acuerdo a un estudio de la Conabio se advierte que “falta mucho por hacer en política de conservación y se requieren esquemas innovadores para perversa esta riqueza natural”.
Mencionó que en el país hay 182 áreas protegidas y por ello, dijo, es importante demostrar que la conservación también es un buen negocio que ayuda a otros sectores de la economía.
“Se requiere una política trasversal de conservación, ya que las zonas más pobres del país son las más megadiversas. Hay un gran potencial para impulsar a la economía social vinculada al manejo y protección de las áreas protegidas”, enfatizó.
En los últimos 15 años, expuso, la Conabio impulsó los corredores biológicos como se recomendó a nivel global, principalmente en Chiapas, los cuales son interfaces de áreas protegidas y conservadas. Esto ha permitido reducir a un dígito la deforestación, a través de un esquema novedoso e innovador.
También, se ha logrado impulsar más de 27 alianzas productivas para aprovechar la riqueza de la biodiversidad del café, ganadería, ecoturismo, miel y cacao, e incluso “están alcanzando la exportación a los mejores mercados internacionales”.
El director global de Política del International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Bill Millan, explicó que su misión es asistir a integrantes de congresos nacionales en 12 países y crear un Caucus, grupo conformado por miembros del Congreso interesados en algún tema como la industria de automóviles, el acero, algodón, entre otros.
Subrayó que un Caucus permite a cualquier individuo involucrarse en el tema, conocer más, participar en eventos, visitas de campo y hacer propuestas de nuevas leyes u otras cosas para mejorar la situación de la conservación y el manejo de los recursos naturales.
Ejemplificó que en África 4 o 5 cinco países han cambiado sus leyes contra el tráfico ilícito de especies protegidas como los elefantes, y en Colombia han modificado dos normas legales sobre el mercurio para que sea más difícil usarlo. “Esos son ejemplos específicos de lo que se puede hacer con esos caucus”.
Comentó que en nuestro país hay actualmente 15 o 20 miembros del congreso que se han afiliado con el Caucus Conservacionista de México, pero desaparecerán en unas semanas porque no pueden ser reelegidos. “Algunos van de una Cámara a la otra y probablemente seguirán activos en el caucus; pero, después de las elecciones vamos a ponernos en contacto con los nuevos para decirles cómo trabajamos y los temas de interés”.
El Director Ejecutivo de “Política y Legislación Ambiental”, Andrés Ávila Akerberg, dijo que existen diversas iniciativas que buscan promover reformas a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para incorporar a los paisajes bioculturales como un tipo de Áreas Naturales Protegidas.
En México, precisó, hay al menos 22 millones de hectáreas de ecosistemas que pueden aplicar el enfoque de diseño biocultural, dado que estos sitios presentan una combinación de espacios naturales con actividades productivas de bajo impacto que permitirán apoyar la conservación de corredores biológicos y complementar al sistema.
Mencionó que el sistema de paisajes constituye una propuesta innovadora para avanzar en el cumplimiento de metas de biodiversidad, cambio climático y desarrollo sustentable que el país ha adquirido en virtud de diversos marcos nacionales e internacionales.
Por otra parte, Andrew Rhodes, director ejecutivo de la asociación civil Sistema Pronatura aseveró que la protección de las áreas naturales es “fuente primordial de seguridad nacional y global, por los servicios que provee como agua, turismo y cambio climático, es decir, no sólo es un elemento importante de conservación de la biodiversidad”.
Sostuvo que las ANP’s no son un obstáculo para alentar el desarrollo económico; al contrario, dijo, ofrecen beneficios. Señaló como ejemplo a las cerca de 13 millones de personas que habitan en diferentes estados del centro del país, quienes tienen agua en sus hogares, gracias al buen manejo de la zona protegida Iztaccíhuatl-Popocatépetl.
Resaltó la necesidad de robustecer el conocimiento sobre biodiversidad en selvas y bosques con mayor inversión, tanto pública como privada, que redunde en una buena administración de territorios y gobernanza local, a través de la participación voluntaria de pueblos indígenas y comunidades en la conservación de los recursos primarios, con proyectos a corto, mediano y largo plazo, para lograr el aprovechamiento integral.
Estimó que para 2019 se requiere triplicar el presupuesto destinado a la protección de las ANP’s, con base en el que se fija para este año por mil 132.02 millones de pesos, ya que “la administración efectiva de estas zonas no son un gasto público, sino la mejor inversión, porque facilitan el desarrollo sustentable del país. Son una oportunidad para armonizar las inversiones y reducir el malgasto de los recursos”.
El director general de Reforestamos México A.C., Ernesto Herrera Guerra, dijo que para generar mayor protección de las áreas naturales protegidas e inversión en proyectos para el cuidado del paisaje, se requiere atraer al sector privado para que las empresas apuesten en ellos.
“Así como hay incentivos fiscales en el cine para que empresas inviertan en la producción de películas, también se pueden dar para que lo hagan en proyectos del paisaje y manejo de áreas naturales protegidas que ayuden a sostenerlos”, afirmó.
Mencionó que el gobierno debe facilitar el manejo integral del paisaje-territorio, es decir, ordenarlo en espacios para la conservación y el manejo del aprovechamiento sostenible. Asimismo, subrayó, “necesitamos una sociedad sensible con las áreas naturales protegidas y un sector privado que invierta de manera responsable”.
Por el contrario, aseveró, el presupuesto destinado para estas actividades disminuyó en los últimos años y, al mismo tiempo, la superficie a conservar se incrementó, a través de nuevos decretos, lo que demuestra una brecha financiera importante.