El tiempo juzgará
Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la última Suprema Corte de Justicia de la Nación que la historia registrará como ajena al poder que se pretende concentrar en la Presidencia de la República, presentó el segundo informe de actividades con enérgico reproche a Morena y aliados, a quienes dedicó esta denuncia que marcará un antes y un después que el tiempo juzgará.
Aquí sus palabras textuales:
En el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2023 y el 15 de noviembre de 2024, el Poder Judicial Federal enfrentó un contexto sin precedentes, marcado por la discusión en todos los ámbitos de la vida nacional e incluso internacional, de las implicaciones de la reforma judicial, en donde, distintas voces destacaron este proceso y la necesidad de llevar a cabo un análisis profundo sobre su impacto en la impartición de justicia y, sobre todo, en los derechos de las personas.
Indudablemente, la reforma judicial presenta enormes retos, pero no solo para las personas juzgadoras, sino para todo México. Partamos de que estamos ante un escenario, prácticamente, sin precedentes a nivel mundial.
La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos; todo demócrata, y con mayor razón, todo servidor público, desea lo mejor para su país. No es posible saber, al menos en estos momentos, cuál será el resultado de dicha reforma.
Pienso, y al mismo tiempo, así lo deseo por el bien de mi país, que la expresión exclamada por algunos “sí se pudo”, solo tendrá sentido ¡no ahora! sino cuando, en su caso, los hechos den constancia plena de que está funcionando el nuevo sistema que garantice de mejor manera los derechos de las y los mexicanos.
Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad.
No obstante, en lo personal sostengo, que el aspecto medular deriva de que se trata de una reforma con, al menos, dos evidentes retos de origen. El primero es que se está innovando a partir de una narrativa falsa, infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad.
Nos encontramos, entonces, ante un caso típico de posverdad, en el que las apelaciones, a las emociones, a las creencias y a los sentimientos han tenido más influencia en la formación de la opinión pública y de los actores políticos, que los hechos objetivos y verificados.
Una revisión a los acontecimientos del dominio público deja ver, con claridad, cómo la campaña para la anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas se intensificó —inclusive de manera violenta— cuando la Suprema
Corte de Justicia y sus integrantes actuamos, como nos corresponde, como un tribunal constitucional, pero lo cierto es que la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años.
No debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes. Recordemos que apenas hace menos de tres años se promulgó una importante reforma judicial que puso énfasis en la carrera judicial, la erradicación de la corrupción y el nepotismo, la formación judicial y de defensores públicos, el fortalecimiento de la Corte como un tribunal constitucional.
No se propuso entonces una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra, como todos sabemos, actualmente en ruinas.
Los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a extremos, que incluso dentro del proceso legislativo sobre la reforma judicial 2021, se llegó a incluir a través de una reserva para no pasar por un proceso deliberativo parlamentario y en contravención a la Constitución, la extensión de mandato del presidente anterior de esta Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, para hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal.
Y apenas casi dos años después, cuando la Suprema Corte recuperó su mandato y papel de tribunal constitucional independiente y autónomo; cuando se restauró el respeto pleno a su autonomía jurisdiccional como siempre debió haber sido; fue entonces cuando algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras, sin nunca presentarse prueba alguna.
Las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó “traidores al pueblo”, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador— de un proyecto político dominante.
¿A qué casos me refiero? En primer lugar, el caso relativo a la Guardia Nacional, en abril de 2023, que fue un punto de quiebre importante que intensificó las amenazas y agresiones hacia los Ministros de la
Suprema Corte. Esto se dio a partir de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 137/2022 donde el Pleno invalidó la legislación que, entre otras cosas, ordenaba el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa
Nacional.
En segundo lugar, me refiero al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominara prioritarios, tema discutido en mayo de 2023. Como consecuencia de esa declaratoria de seguridad nacional, se exentaron todas las autorizaciones y sistemas de protección en la legislación nacional, incluyendo mecanismos que tutelan derechos fundamentales como la consulta pública, el acceso a la información y las evaluaciones de impactos ambientales y sociales.
Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por la invalidez de este Decreto, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el “escudo de seguridad nacional”, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal.
En tercer lugar, me refiero al denominado “Plan B”. El 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, al resolver varias acciones de inconstitucionalidad promovidas por partidos políticos, legisladores del Congreso de la Unión y el INAI, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político-electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.
Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad.
No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales, quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales, constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial, y consecuentemente, una muy peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves, que incluso se citaron expresamente por la Relatora de Independencia Judicial de la ONU, como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia.
Llama también la atención que entre las principales acusaciones que se han lanzado reiteradamente contra el Poder Judicial Federal son que existen demasiadas personas sin sentencia en prisión. ¿No es esto precisamente lo que ocasiona en gran medida la prisión preventiva oficiosa que más que en ningún otro periodo de la historia de México se ha impulsado y continúa promoviéndose actualmente? Ello, no obstante, que sobre el Estado Mexicano pesa una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos precisamente sobre este tema.
Quiero reconocer a la sociedad, en particular a los estudiantes, que se han manifestado, que han marchado, que se han involucrado alzando su voz en un tema crucial para la preservación del Estado de derecho.
El trabajo de cada uno es la mejor voz; y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia, es su legado.
La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia.
10/12/2024