Impulsamos reformas a los artículos 105, 182 y 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, las cuales fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, para elaborar el dictamen correspondiente.
La iniciativa plantea que, para cumplir con los requerimientos de la seguridad y soberanía alimentaria, el Gobierno Federal impulsará en las zonas productoras líneas de acción que fomenten la recuperación y donación de excedentes alimentarios, previniendo el desperdicio de los que son aptos y no aptos para el consumo humano.
Asimismo, para concientizar a la ciudadanía, empresas, organizaciones, centros comerciales y de abasto, sobre la donación de excedentes alimentarios, así como para garantizar el uso óptimo de los excedentes en todas las cadenas de producción alimentaria.
Además, entre esas acciones se incluye la promoción de la cultura de la donación de excedentes aptos y no aptos para el consumo humano.
En la exposición de motivos de la iniciativa se menciona que la política de comercialización deberá propiciar un manejo integral de los excedentes alimentarios no comercializados, así como generar y proponer mecanismos fiscales que incentiven la participación de las y los contribuyentes en el manejo de desperdicios.
Del 100 por ciento de los alimentos en México, aproximadamente 40 por ciento son producidos por pequeños productores, y dentro de éstos están los de la agricultura familiar.
Ante la contingencia sanitaria ocasionada por el Covid-19 los productos agroalimentarios han cobrado importancia para garantizar el alimento y cuidar a la población; sin embargo, la pérdida de empleo y una reactivación económica paulatina estiman dificultades para que las regiones más desiguales del país tengan acceso a los alimentos.
Datos del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA) de la Cámara de Diputados, señalan que en México se alcanzó el 34.7 por ciento de nivel de desperdicio de alimentos en 2019, y para abril del 2020 son aproximadamente 38 toneladas desperdiciadas cada 60 segundos, con las cuales se podría alimentar a 25.5 millones de personas en situación de carencia.
El desperdicio de alimentos conlleva grandes pérdidas sociales, económicas y ambientales, así como humanas; por ello, la labor de los programas prioritarios, dependencias y las centrales de abasto en la República será de suma importancia porque permitirá garantizar la alimentación de la población.
De avalarse la iniciativa, se garantizaría la efectividad de la seguridad alimentaria a través de un programa y un marco institucional que involucre a los elementos del Estado mexicano y cumpla con el derecho a la alimentación.