El jueves 9 de enero, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) aprobó por unanimidad, en lo general, los ajustes al presupuesto a ejercer este año, derivados del recorte de 714.4 millones de pesos que la Cámara de Diputados hizo a los recursos solicitados por este Alto Tribunal.
El presupuesto autorizado a la Suprema Corte fue de 5,208.5 millones de pesos, que representa, en términos reales, una disminución de 13% respecto de lo que le fue autorizado para 2024.
Frente al recorte más significativo de los últimos quince años, la Suprema Corte se ha visto en la necesidad de ajustar previsiones de gasto que afectarán a actividades programadas, programas operativos y proyectos institucionales, y que tornan incierto el cumplimiento cabal de lo dispuesto en el artículo Décimo Transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial, relativo a la protección íntegra de los derechos de los trabajadores conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Al respecto, es preciso subrayar que, por conducto de la Secretaria de Gobernación, la Presidenta de la República se ha comprometido a gestionar, en caso de que la insuficiencia de recursos afecte algún derecho laboral, las ampliaciones presupuestarias necesarias.
De cualquier forma, la Suprema Corte ha hecho las previsiones necesarias para continuar impartiendo justicia y protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos, con los mismos estándares de calidad y servicio con los que ha operado hasta ahora.