El Poder Judicial de la Federación es parte del Estado mexicano, y como tal estará siempre dispuesto a trabajar en armonía, en conjunto con los otros Poderes de la Unión, en un ambiente de respeto y plena colaboración, nunca de confrontación, para alcanzar las metas fundamentales que el pueblo de México exige a todos, afirmó el Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Durante el pasado proceso electoral, el llamado de la ciudadanía fue a desempeñar el servicio público con honestidad y dignidad, a desterrar definitivamente la corrupción, enfatizó en un encuentro con jueces y magistrados realizado en un hotel capitalino, con motivo del Seminario El juez y el Estado de derecho en las democracias contemporáneas.
“Y, para quienes no crean que esto va en serio en el Poder Judicial de la Federación, les digo y reitero que no se ha tolerado ni tolerará a ningún funcionario de esta institución fundamental del Estado mexicano, que incurra en actos que corrompan su actuar, ni por dinero ni por mala conducta, y mucho menos”, advirtió.
“La impartición de justicia federal, sea penal, civil, laboral o administrativa, debe ser motivo de orgullo para todos los habitantes de México; y debe ser motivo de orgullo para todos quienes servimos dentro del Poder Judicial de la Federación”, expuso.
El seminario, destacó el Ministro Presidente, convoca “a una reflexión profunda sobre nuestra realidad nacional; sobre la relación que deben promover los Poderes públicos en un entorno democrático; sobre el papel del Juez en el Estado de derecho; sobre los retos, las oportunidades y el futuro que entraña la impartición de justicia en nuestro país, de nuestro querido México”.
Reiteró que el compromiso del Poder Judicial es con una impartición de justicia que antepone la igualdad entre las partes; que salvaguarda la legalidad de los procedimientos; que agiliza los plazos y las audiencias, así como con la independencia, que garantiza la libre determinación del juez: “nuestro deber, es hacia una justicia transparente y de calidad”.
México tiene, en cada una de sus juezas y de sus jueces federales, en cada una de sus Magistradas y Magistrados, un asidero de confianza institucional, de respeto pleno por nuestro marco jurídico, y de convicción por la función encomendada, precisó.
“Yo, por principio, por solidaridad con mis compañeros, creo firmemente en los jueces y magistrados, y estoy orgulloso de su ética, de su sacrificio y de su trabajo por México”, expresó.
Detalló que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Consejo de la Judicatura Federal, en los 337 Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, en los 401 Juzgados de Distrito, en los 40 Centros de Justicia Penal Federal, y en los órganos auxiliares, México tiene un Poder Judicial de la Federación de reconocido prestigio nacional e internacional.
En nuestro país, recordó el Ministro Presidente, como en las más avanzadas democracias contemporáneas alrededor del mundo, la división de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ha sido la piedra angular de una arquitectura institucional pensada en poner límites a la autoridad, impedir la concentración del poder público y salvaguardar los derechos fundamentales de la población.
La adversidad en la que se encuentran millones de mexicanos, excluidos de las oportunidades de crecimiento y bienestar, puede encontrar, en el criterio del Juez un aliento para superar carencias que llevan años instaladas en nuestra sociedad, reflexionó ante los Ministros Norma Lucía Piña Hernández y Eduardo Medina Mora, presidentes de la Primera y Segunda Sala del Alto Tribunal, respectivamente; Consejeros de la Judicatura Federal; Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; y Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Las obligaciones desprendidas de nuestras resoluciones, son un elemento central para hacer efectivo el acceso universal a derechos constitucionales, y para mejorar la prestación de servicios públicos indispensables para el proyecto personal de vida de cada mexicano, de cada mexicana”, aseveró ante juristas, académicos, juzgadores de diversos países y miembros de instituciones de justicia de Francia, España, República de Chile, de Europa, que asisten también al seminario.
El Ministro Aguilar Morales reiteró que el ejercicio de las libertades y derechos, la convivencia social pacífica, la prosperidad en las relaciones comerciales, la certidumbre en los mercados y en la inversión, en suma, la normalidad democrática de la Nación, requieren de la observancia de la norma jurídica, de su cumplimiento voluntario y del que, como juzgadores provistos de la potestad para dirimir el conflicto, exigimos a través de nuestras sentencias.
“Son las decisiones judiciales fuente del desarrollo democrático del país. En cada sentencia emitida por un Juzgado, por un Tribunal, se escribe una parte del presente y el futuro de México. Al interpretar la norma, el Juez da contenido a las libertades ciudadanas, pone límites al poder público, y define los alcances de los derechos sociales, económicos, políticos, culturales, ambientales”, expuso.
En este contexto, señaló que la separación del quehacer público en las sociedades contemporáneas ha descansado en dos principios rectores del régimen democrático: la independencia y la colaboración entre poderes, conceptos que cobran significado en la nueva realidad mexicana que resultó de los recientes comicios electorales. La jornada del pasado primero de julio modificó el mapa de la distribución del poder político en nuestro país.
La independencia retrata el respeto a las atribuciones conferidas a cada institución, previene, inhibe y sanciona la intromisión ajena en la función propia y hace posible el ejercicio del mandato constitucional con excelencia, objetividad, profesionalismo e imparcialidad, explicó.
La colaboración enaltece el servicio público y el interés común por la salud de la República, motiva el aprendizaje recíproco, el diálogo y la comunicación institucional beneficia la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de las respectivas atribuciones.