La senadora Gloria Sánchez Hernández, de Morena, propuso un exhorto para que los gobiernos estatales y las Fiscalías y Procuradurías Generales de Justicia respectivas redoblen esfuerzos para garantizar la seguridad pública y pongan en marcha mecanismos para que la ciudadanía participe en el diseño de estrategias de prevención y combate de los delitos, a fin de abatir la inseguridad que afecta al país.
En el punto de acuerdo, la legisladora veracruzana precisó que su llamado es a que las autoridades estatales cumplan cabalmente con los fines de seguridad pública establecidos en el párrafo IX del artículo 21 Constitucional que, junto con la legislación reglamentaria, establece: salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social.
La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena recordó que el acceso a la procuración de justicia eficaz, efectiva y apegada a derecho es un reclamo social apremiante, al ser un elemento indispensable para el pleno y libre desarrollo de la población de nuestro país.
Expuso que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2019, elaborada por el Inegi, a nivel nacional, 67.2 por ciento de la población de 18 años y más considera a la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día.
Mencionó que en 2017 y 2018 la cifra negra se mantuvo en 93.2 por ciento de los delitos cometidos, en los cuales no se presentó una averiguación previa. En 2018, del total de las averiguaciones previas iniciadas ante el Ministerio Público, en el 51.1 por ciento de los casos no ocurrió nada o no se continuó la investigación.
Dijo que las principales razones expresadas por las víctimas para no denunciar delitos son: una pérdida de tiempo con el 31.7 por ciento y desconfianza en la autoridad con el 17.4 por ciento.
En la misma tesitura, indicó, el colectivo Fiscalía que Sirva aseguró que el 98 por ciento de los delitos denunciados quedan impunes, desde los más comunes hasta las más graves violaciones a los derechos humanos. También refiere que sólo se denuncian siete de cada 100 delitos que se comenten en el país, siendo la falta de confianza en las autoridades de seguridad y procuración de justicia una de las principales razones.
Señaló que los datos expresados muestran que alrededor de las Fiscalías y Procuradurías estatales existe una percepción de impunidad y corrupción. En consecuencia, resulta indispensable fomentar una cultura de transparencia y rendición de cuentas para que haya certeza de la correcta actuación de dichas instituciones, acotó.
La senadora de Morena insistió en que es necesario involucrar en el tema a la ciudadanía y a la sociedad civil por una cuestión normativa, pero también por la presencia de empatía con las víctimas. Además, se debe garantizar la autonomía e independencia de las instancias de procuración de justicia, para que no estén supeditadas a poderes políticos ni económicos, apuntó.
“Estamos en un momento crucial para avanzar hacia la consolidación de las instancias responsables de la administración y procuración de justicia, a fin de que cumplan con su obligación constitucional en concordancia con lo establecido en el orden jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos por México”, puntualizó la senadora Sánchez Hernández.
La propuesta fue turnada de manera directa, para su trámite correspondiente, a la Comisión de Seguridad Pública.