- Al inaugurar la séptima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, la magistrada manifestó que nadie puede pretender para sí o para alguien más, el odioso privilegio de estar por encima de la ley
- En Pachuca, se reunieron más de 260 personas usuarias del sistema de seguridad y justicia de Hidalgo
El Estado de Derecho debe concebirse como un puente que una a las personas sin importar sus orígenes y convicciones, pues cuando no hay observancia a la ley, se aplica de manera injusta o hay impunidad, se debilita la confianza en el sistema jurídico, generando terreno fértil para la corrupción y desconfianza entre las personas, destacó la magistrada Lilia Mónica López Benítez, consejera de la Judicatura Federal.
Al encabezar la inauguración de la séptima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que convoca la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en Pachuca, Hidalgo, la Consejera recordó que el Estado Constitucional de Derecho implica la subordinación de todos los poderes públicos a la Constitución.
Las y los gobernantes, dijo, no pueden olvidar que sus acciones deben estar en consonancia con lo que mandata la Constitución y las leyes que de ella emanan, pues “nadie puede pretender para sí o para alguien más, el odioso privilegio de estar por encima de la ley”, y, como juzgadores “nos corresponde la trascendental función de impartir justicia; aplicar las normas jurídicas a través de las interpretaciones que respeten los principios establecidos en la Constitución”, puntualizó.
Al hablar sobre los principios para tener una sociedad justa y segura, la consejera López Benítez destacó la relevancia que tiene el juicio de amparo, al cual calificó como la garantía judicial por antonomasia de los derechos humanos. Recordó que las restricciones que se pretenden imponer al juicio de amparo en materia de suspensión, claramente atentan contra el principio de progresividad en materia de derechos humanos; “cualquier medida que pretenda neutralizarlo o inutilizarlo con fines políticos, es un abierto atentado contra el Estado Constitucional de Derecho”.
El Estado Constitucional de Derecho, dijo, no es sólo una construcción de la teoría constitucional o de la teoría política; es, en realidad, una forma de vida, “es nuestra responsabilidad protegerlo, fortalecerlo y reivindicarlo como propio”, señaló.
La Consejera hizo un reconocimiento a los casi 1,200 participantes que se han reunido en los seis Encuentros anteriores a éste, y estimó que al término de los 15 que se efectuarán en todo el país, se tendrá, como resultado, insumos muy valiosos que generarán las líneas de acción de una agenda nacional de seguridad y justicia, la cual permitirá reencauzar nuestro Estado Constitucional de Derecho al sendero de la empatía, el entendimiento, la razón, la democracia y el respeto irrestricto a nuestra Constitución en beneficio de nuestro país.
En esta séptima edición, se contó con la participación de más 260 personas usuarias del sistema, integrantes de la academia y de la sociedad civil de Hidalgo, las cuales se distribuyeron en 20 mesas de trabajo.
En su oportunidad, la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de Hidalgo, María del Carmen Lozano Moreno, reconoció al Poder Judicial de la Federación por realizar estos encuentros con temas coyunturales, porque “la paz y el bienestar de la sociedad se han visto amenazados por la barbarie del ser humano y la plaga de la corrupción”, de ahí que es apremiante unir esfuerzos y generar estrategias realistas, alcanzables y concretas para promover la seguridad de los mexicanos.
Lozano Moreno invitó a los jóvenes a presentar propuestas para fortalecer el sistema judicial, garantizando la seguridad de la ciudadanía, principalmente, de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores.
Por su parte, la subprocuradora de Delitos de Género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Lorena Cano García, señaló que para esta dependencia es de suma importancia participar en este ejercicio de consulta organizado por el PJF, a fin de escuchar, de manera activa, las críticas constructivas, las problemáticas prioritarias de seguridad y justicia y se congratuló porque este es un espacio de reflexión para encontrar soluciones en el ámbito de nuestra competencia.
En tanto, la rectora del Centro Hidalguense de Estudios Superiores, Irma Ramírez Rivera, confío que se permita a la comunidad académica aportar a la agenda de seguridad e impartición de justicia, que es necesaria en todo el país.
Como parte del presídium, también estuvieron: Antonio Márquez Hidalgo, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados del Estado de Hidalgo; Javier Omar Montoya Piña, presidente del Colegio Foro Hidalguense de Abogados Postulantes, A.C; y Ángel Daen Morales García, vicepresidente de Biofutura, A.C.