Bajo la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, en sesión de 20 de febrero de 2019, el recurso de inconformidad 28/2018.
El caso deriva del hallazgo en el año 2011, de por lo menos ciento veinte cuerpos sin vida, en diversas fosas clandestinas, ubicadas en el Municipio de San Fernando, Tamaulipas.
Familiares de las víctimas solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) entre otros temas, se les reconociera su intervención en las investigaciones.
Ante la negativa de la autoridad y tras diversos juicios de amparo, la Primera Sala les concedió la razón y ordenó que la Procuraduría les reconociera la calidad de víctimas, permitiera el acceso al expediente y expidiera las copias solicitadas.
Después de varias gestiones, el juez federal consideró que la autoridad había cumplido, con lo que no estuvieron de acuerdo los solicitantes, por lo que se inconformaron ante el Máximo Tribunal.
La Primera Sala determinó que efectivamente, no se cumplió a cabalidad lo que se había ordenado, ya que el Ministerio Público entendió la solicitud de copias en el sentido más limitado posible, lo que es incompatible con los derechos de las víctimas, por lo que se ordenó la expedición de las copias de todas las constancias que integran la averiguación previa de origen, como fue ordenado en la sentencia.