Las y los participantes de la séptima sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia coincidieron que las principales problemáticas en la impartición de justicia son: el acceso a grupos vulnerables, la celeridad en la resolución de los procesos jurídicos y el uso de los recursos de manera eficiente.
Al dar a conocer las conclusiones del Encuentro, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que se realizó en Pachuca, la académica Leticia Santos Nolasco, quien participó como moderadora en las mesas, reconoció que en el estado de Hidalgo existe un rezago para el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, principalmente para aquellas que hablan un dialecto.
Explicó que algunos servidores públicos y autoridades “se hacen de la vista gorda” en la atención de grupos vulnerables, lo que dificulta que las personas que hablan algún dialecto cuenten con asesoría legal y tengan acceso a una justicia pronta y expedita; por ello, propuso destinar recursos del sistema judicial, para intérpretes en diversas lenguas y en la formación de abogados en las universidades, en sensibilizarlos en el trato a las víctimas.
Para José Luis Sánchez Araujo, auxiliar de audiencia en el Poder Judicial de Hidalgo, una de las preocupaciones del sistema judicial a nivel nacional, es el retraso que se tiene en la resolución de las denuncias; por lo que llamó a invertir más en el personal, especializar a los operadores de justicia y, generar instalaciones adecuadas para la atención a víctimas.
Por su parte, Miriam Elizabeth Álvarez López, funcionaria pública de Hidalgo, comentó que en muchas ocasiones se responsabiliza al sector público por la falta de celeridad en resolver los casos y dar procuración de justicia a la ciudadanía; sin embargo, dijo, “hace falta presupuesto y se tienen cargas de trabajo excesivas en ciertos distritos judiciales”.
Álvarez López planteó la posibilidad de que el presupuesto destinado al sistema de impartición y justicia contenga un rubro específico para la celeridad de la resolución de procesos judiciales, “el cual se etiquete desde el Poder Legislativo”.
La sesión de Pachuca contó con la participación de más de 260 personas en 20 mesas de trabajo, en las que se abordaron cuatro temáticas: Acceso a los servicios legales, Seguridad y justicia, Sistema Nacional de impartición de justicia y Justicia y rendición de cuentas.
Esta fue la séptima de 14 sesiones que se realizarán en todo el país como parte del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que representa el mayor ejercicio de escucha ciudadana que realiza el Poder Judicial de la Federación, y busca crear rutas de acción para resolver las problemáticas. La octava sesión se llevará a cabo el próximo 23 de mayo en Tijuana, Baja California, si quieres conocer más sobre el Encuentro consulta la página https://www.scjn.gob.mx/encuentro.