La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, destacó que las determinaciones y resoluciones de las autoridades administrativas y de los órganos jurisdiccionales electorales, que sostienen a la democracia, han logrado ir desapareciendo poco a poco las exclusiones históricas que han enfrentado los pueblos y comunidades indígenas en el ámbito político, aunque, dijo, aún falta mucho por hacer.
En este sentido, destacó la importancia y relevancia de tener una democracia incluyente, más allá de cualquier discurso, que se refleje a través de sentencias, “que nos tocan a nosotras y nosotros, como integrantes de órganos jurisdiccionales”.
Durante su participación en el panel “Logros y desafíos del derecho a votar y ser votado de las personas integrantes de los Pueblos, Comunidades Indígenas y Pueblo Afromexicano residente en el extranjero”, en el marco del Foro “Desafíos para una Democracia Incluyente: Proceso Electoral 2021-2022”, la magistrada de la Sala Superior señaló que en la construcción de la democracia en México han prevalecido las exclusiones de grupos en situación de vulnerabilidad como las comunidades indígenas y personas migrantes.
Por ello, manifestó que la universalización de los derechos políticos en el país ha implicado un proceso incluyente que actualmente sostiene a la democracia, aunque, dijo, es necesario debatir sobre la protección de los derechos político-electorales de los migrantes indígenas, tanto de los que se asientan en otras entidades del país como en el extranjero.
En el foro, organizado por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del TEPJF, la magistrada Otálora Malassis refirió que las acciones afirmativas han permitido avances en el derecho de votar y ser votado de los indígenas que residen en el extranjero.
Asimismo, consideró pertinente poner en la mesa el debate sobre cómo se pueden defender los derechos político-electorales de estas mismas personas que se asientan en otros estados del país, con la finalidad de que tengan representación en cargos de elección popular y sus garantías no queden excluidas.
En ese sentido, también advirtió que existe un importante desafío respecto al voto de los indígenas migrantes en el extranjero que provienen de comunidades que se rigen por sistemas normativos internos, debido a que el artículo 2 de la Constitución establece que cada comunidad decide libremente si permite ejercer este derecho electoral.
De acuerdo con datos de autoridades de Estados Unidos, indicó, en aquel país hay aproximadamente 11 millones de migrantes mexicanos, de los cuales es muy difícil distinguir quiénes son indígenas y quienes no. La magistrada Otálora Malassis resaltó que, en el caso de México, los derechos político-electorales de las y los indígenas y migrantes han sido tratados por separado.
Y recordó que desde 2001 se aprobó el derecho al voto de los mexicanos residentes en el extranjero, y a su vez, hay entidades -como Oaxaca- que lo incorporaron a su Constitución.