*Vamos por Fiscalía especializada en delitos contra migrantes y refugiadas
Hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa que propone la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, al tenor de las siguientes consideraciones.
México, por su ubicación geográfica, es un punto clave de movilidad humana, albergando el corredor migratorio más grande del mundo. Sin embargo, el aumento de flujos migratorios irregulares ha generado nuevos desafíos, con miles de personas en situación de vulnerabilidad que enfrentan violencia, trata de personas, entre otros delitos.
Las recientes políticas de deportación instrumentadas por el gobierno de los EE.UU. podría agravar la situación, incrementando por supuesto, los riesgos para quienes buscan un refugio o transitan por nuestro país con la intención de ingresar al territorio estadounidense.
Ante este panorama, el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo ha implementado acciones para atender las necesidades que demandan los flujos de personas, protegiendo tanto a connacionales retornados, como a personas migrantes en tránsito.
Es preciso señalar que la mayoría de estas acciones se encaminan tanto a la defensa de nuestros paisanos en EE.UU. como al apoyo que recibirán, por supuesto, aquí en México, en nuestro territorio nacional, con el fin de posibilitar la reintegración social y económica. Esto resulta loable e indispensable, pues al tratarse de mexicanas y mexicanos en contexto de movilidad, el Estado debe brindarles protección integral en todos los ámbitos.
No obstante, debido a las señaladas políticas estadounidenses, personas migrantes de otras nacionalidades, también transitarán por México o permanecerán en alguna entidad federativa. Lamentablemente, a su paso por el país pueden ser víctimas de delitos de distinta naturaleza, incluso relacionados con la delincuencia transnacional, que afectan tanto a su persona como a sus familias.
La falta de documentos migratorios de gran parte de esa población incrementa su vulnerabilidad y, en consecuencia, el riesgo de sufrir ilícitos.
En la práctica, denunciar tales delitos resulta más complejo para las personas migrantes que para los nacionales, pues los recursos humanos y materiales de las oficinas encargadas de las investigaciones, siguen siendo insuficientes.
Además, se observan obstáculos adicionales para denunciar los abusos y delitos que sufren cuando se encuentran detenidas en estaciones migratorias.
Esta situación pone en evidencia la necesidad de adoptar acciones legislativas que aborden de manera más efectiva los riesgos a la seguridad e integridad de las personas migrantes.
Por ello, la iniciativa que hoy presento propone la creación a nivel de ley de una Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, a fin de que el Estado mexicano cuente con mayores herramientas normativas para enfrentar tanto la situación actual de esta población como los riesgos que se deriven de las inminentes políticas impulsadas desde la Presidencia de los EE.UU.
Si bien a nivel de estatuto jurídico ya existe la Fiscalía Especial de Investigación de Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, está adscrita a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos. El complejo contexto que vivimos actualmente, demanda que este órgano de procuración de justicia para las personas migrantes cuente con mayores atribuciones normativas.
En este sentido, es que propongo adicionar una fracción 10.ª al artículo onceavo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República para incorporar a la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Personas Migrantes y Refugiadas, garantizando su autonomía técnica y de gestión, así como la independencia en sus resoluciones y adicionar una fracción novena al artículo 13 de la misma ley, con el fin de establecer las atribuciones generales de dicha fiscalía especializada para investigar y perseguir delitos de orden federal, en los que la persona migrante sea víctima o participe de alguna forma.
Apelo a su sensibilidad para apoyar esta iniciativa. La transformación de este órgano especializado de procuración de justicia para personas migrantes y refugiadas reforzará los alcances de las políticas de atención migratoria del gobierno de México, al proteger mejor a esta población durante su paso o estancia en el territorio nacional.