Se engalla doña Rosario
Ante la contingencia por Covid-19, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que preside Rosario Piedra Ibarra, emitió medidas cautelares a favor de los pueblos originarios de la península de Yucatán, dirigidas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), para que de manera urgente suspenda las actividades no esenciales relativas al proyecto denominado “Tren Maya”.
Este organismo nacional autónomo, garante en la defensa y protección de los derechos humanos, particularmente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, solicitó tal suspensión, al actualizarse la gravedad, urgencia y posible daño a la salud, la integridad personal y la vida de los habitantes de la región.
Esto con motivo de la queja presentada por los pueblos originarios y organizaciones civiles defensoras de derechos humanos de la península de Yucatán, a través de la cual manifiestan un inminente riesgo de contagio de covid-19, por la implementación del proyecto denominado “Tren Maya”, durante la emergencia sanitaria declarada por el gobierno federal, quienes aducen la presunta violación al derecho humano a la salud, la integridad personal y la vida, que consagran los artículos 4 y 29 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica).
Lo anterior, a fin de evitar el contagio y la propagación del virus Covid-19, entre los trabajadores del proyecto denominado “Tren Maya” y los habitantes de la península de Yucatán, medida que salvaguarda sus derechos fundamentales a la salud y a la vida reconocidos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en diversos instrumentos internacionales en la materia.
Frente a la compleja adversidad que afecta la salud del pueblo de México, durante la fase 3 de la pandemia del virus covid-19, la CNDH reafirma su invariable compromiso para respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de los habitantes de la península de Yucatán, ante las actividades no esenciales del proyecto denominado “Tren Maya”.